Congope pide archivo de reforma a elección de prefectos por ser propuesta inconstitucional

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Prefectos sesionan en Guayas. Advierten que planteamiento de juntas parroquiales afecta institucionalidad del Estado y mermará recursos a gobiernos provinciales en un 60%. Llaman a la Asamblea y al presidente Moreno a no dar paso a cambio en Código de la Democracia

El pronunciamiento fue unánime. El Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (Congope) pidió el archivo de la propuesta de que los prefectos sean electos solo por la población rural de cada jurisdicción. En esencia, advirtieron, el planteamiento de las juntas parroquiales es inconstitucional y reducirá en un 60% los presupuestos de las prefecturas.

El presidente del Congope, Gustavo Baroja (Pichincha) encabezó la sesión que se desarrolló en el auditorio de la Prefectura del Guayas, este viernes 15 de septiembre de 2017. A él lo acompañaron los prefectos Jimmy Jairala; Paúl Carrasco, de Azuay; Esteban Quirola, de El Oro; Marco Troya, de Los Ríos; y, Patricio Cisneros, de Santa Elena. A ellos se sumaron las viceprefectas y los delegados de Bolívar, Orellana, Cotopaxi, Chimborazo, Napo y Esmeraldas. También participó la viceprefecta del Guayas, Mónica Becerra.

“La propuesta constituye una regresión de derechos”, explicó Jairala, quien como anfitrión abrió las intervenciones. “La posición de Guayas ha sido siempre de absoluta oposición a esta medida, que además atentaría contra los propios intereses de las juntas parroquiales, considerando que manejarían un presupuesto sumamente bajo, ya no serían parte del pleno del consejo o de las cámaras provinciales; es decir, que hasta para las propias juntas parroquiales sería un retroceso”, agregó.

Incluso, Jairala alertó que, de aprobarse la reforma, los presupuestos que reciben las provincias a través de las prefecturas se reducirán de USD 770 millones a USD 442 millones; es decir, que la reducción sería del 60%. “La propuesta es inconstitucional y tiene directa injerencia en la estructura del Estado”.

La sesión terminó con la elaboración de un manifiesto que será puesto en conocimiento del presidente Lenín Moreno y del titular de la Asamblea Nacional, José Serrano; con este último, incluso, se reunirán el próximo martes. Baroja precisó que se trata de un pronunciamiento unánime de 23 prefectos frente a una propuesta “ilógica del Conagopare”.

“Estamos en total desacuerdo con la propuesta presentada por el Conagopare”, subrayó Baroja . Acto seguido especificó cada argumento: afecta el derecho de los ciudadanos en el territorio al tener una actitud discriminadora; las juntas parroquiales perderían competencias; se elimina el manejo integral de la planificación provincial; imposibilita aplicar las competencias exclusivas de los gobiernos provinciales (vialidad, ambiente y fomento productivo); altera la integración de los consejos o cámaras provinciales al excluir a los alcaldes; merma los recursos porque los habitantes de las zonas urbanas no tendrían que pagar impuestos a los gobiernos provinciales; y, afecta a los 40 cantones que no cuentan con parroquias rurales.

“En ningún lado de la Constitución se habla de la panificación rural de la provincial”, precisó. Incluso, recalcó que la misma Carta Magna establece que la planificación de la vialidad rural es provincial –menos lo urbano-. “Administramos más de 70.000 kilómetros de vías en el país y la necesidad para poder administrarlas correctamente supera los 11.000 millones de dólares”.

La afectación, insistió, es integral. Por ello, desestimó que se pretenda aplicar el cambio con solo una reforma al Código de la Democracia. “Es un tema de reforma constitucional y de diferentes leyes que se verán afectadas en el momento de la aprobación de la propuesta”. Por eso, dijo que se buscará que se garantice “la definición que da la Constitución a los gobiernos autónomos descentralizados”.

A su turno, Carrasco cuestionó que la propuesta del Conagopare evidencia el desconocimiento sobre la administración del territorio y el desarrollo del Ecuador; y recordó el papel de articulación de las políticas públicas que tienen las prefecturas. En ese sentido, recordó que la mayoría de prefecturas tiene una tasa en la matriculación vehicular que es apoyada por el sector urbano para los sectores rurales; la Constitución establece la planificación de manera integral del desarrollo; y el Consejo de Competencias entregó las competencias del turismo y de producción. “Es una propuesta que no tiene pies ni cabeza, desde el punto de vista del desarrollo y del mejoramiento de calidad de vida de los ecuatorianos”.

Carrasco hizo un llamado para que la Asamblea no tramite la propuesta, por considerarla inconstitucional. Incluso, él, Jairala y Quirola reseñaron el trabajo conjunto que desarrollan con los presidentes de las juntas parroquiales de sus respectivas jurisdicciones, por la vía de los convenios o las competencias recurrentes. “El proyecto divide y empieza a confrontar, cuando lo que estamos planteando es fortalecer el proceso de unidad”.

Quirola, en cambio, hizo hincapié en que el pronunciamiento del Congope responde al respeto a la Constitución y rechaza una propuesta descabellada, que viola derechos. Por ello, coincidió en que la propuesta debe ser desechada. “Se dice que los prefectos invertimos muy poco en las zonas rurales. Pero las estadísticas demuestran que no hay ninguna prefectura que invierta menos del 80% en la zona rural… No puede ser posible que se quiera violar la Constitución por deseos antojadizos (de candidaturas)”.

Además, opinó que de darse paso a la reforma serán afectadas las mismas juntas parroquiales, porque al cambiarse el mecanismo de elección de prefectos, “las juntas parroquiales salen del espectro de atención de los prefectos”.

Troya, finalmente, recalcó que la propuesta del Conagopare afecta la institucionalidad del país e hizo un llamado a fortalecer a las prefecturas. “La Asamblea Nacional ni siquiera debe molestarse en analizar esta propuesta, que nace de un interés particular y talvez político”, subrayó. También hizo un llamado a sus colegas a movilizarse, de ser necesario. “En Los Ríos, vamos a estar atentos a la posición que mantengan los asambleístas, porque no podemos permitir que se quiera destruir y afectar los intereses de los ciudadanos”.

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